Prosigue la escalada en Gaza

Intentamos, hace un par de semanas, debrozar la situación doméstica e internacional que condujo al conflicto en Gaza. Tres meses después de su estallido, la confrontación escala en la dirección más temida. Dado que, en efecto, el diferendo ha dejado de ser local y se transforma en guerra al menos en Próximo y Medio Oriente, es útil detenerse ante una situación discordante que nos interpela: la que se establece entre el régimen político israelí, hegemonizado por el partido Likud, y una comunidad internacional crecientemente crítica (con la sempiterna excepción de Estados Unidos, por motivos explicados en la nota anterior), y cuyas instancias más altas acusan al gobierno israelí por genocidio.

Un nuevo actor del conflicto: la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). El jueves 11 y viernes 12 de enero se celebró la primera vista de acusación por genocidio, en el caso abierto por Sudáfrica el 28 de diciembre de 2023 contra el actual gobierno de Israel, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a raíz de la guerra en Gaza, que lleva más de 23.000 muertos en tres meses. El caso representa el mayor desafío legal al que se ha enfrentado el Estado de Israel en las últimas décadas.

En su demanda por genocidio contra el Estado israelí, fundado en un sionismo que se ha ido radicalizando, Sudáfrica solicita “medidas cautelares”: en pocas semanas los jueces deben decidir si ordenan al gobierno de Benjamin Netanyahu que detenga su ofensiva de manera temporal, hasta tomar una decisión sobre el fondo del proceso por genocidio. La acusación busca una respuesta rápida para detener la operación de asedio, bombardeo e invasión en curso en Gaza. A fin de incrementar las posibilidades de resolución favorable en primera instancia, rebajan los estándares mínimos perseguidos. La acusación no pretende demostrar que el gobierno de Israel ha violado el Convenio para la Prevención y el Castigo del Genocidio, vigente desde 1948. Sólo quiere plantear dudas razonables sobre su cumplimiento por parte de Israel.

En su demanda, Sudáfrica acusa al gobierno de Israel de cometer “actos genocidas contra la población palestina en Gaza”: “Esos actos incluyen matanzas, causar daños mentales y físicos graves e imponer deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo”. Aunque se centra exclusivamente en actos desde el pasado 7 de octubre, día en que comenzó la ofensiva militar israelí tras el ataque terrorista de Hamás (ataque que el texto sudafricano en ningún momento deja de condenar), la acusación señala que “es importante situar los actos de genocidio en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante su largo apartheid de setenta y cinco años, su ocupación beligerante del territorio palestino durante cincuenta y seis años y su bloqueo de dieciséis años sobre Gaza, incluidas graves violaciones del derecho internacional asociadas con todo ello”.

La demanda sudafricana divide en ocho apartados los “actos genocidas” de Israel, cada uno de ellos apoyado en datos y referencias a organismos de la Organización de las Naciones Unidas y a ONG: matanza de palestinos en Gaza; daños físicos y mentales graves; expulsión masiva de hogares y desplazamiento; privación de acceso a alimentos y agua adecuados; privación de acceso a refugio, ropa e higiene adecuada; destrucción de la vida civil; privación de asistencia médica adecuada; y, por último, imposición de medidas para obstaculizar nacimientos. En su defensa, Israel asegura que ha protegido en todo momento la vida de los civiles, ordenando evacuaciones y creando un área humanitaria. Sin embargo, Sudáfrica no lo entiende así y prefiere remitirse al Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual demostró de forma fehaciente que las actuales órdenes de evacuación son poco compatibles con el derecho internacional humanitario. También denuncia bombardeos israelíes sobre zonas de evacuación y destaca que la “zona humanitaria” declarada unilateralmente por Israel en Al Mawasi no es segura, tal como han declarado varias ONG y organismos de la ONU presentes en la zona. Además de datos irrefutables sobre cifras de muertos y porcentaje de niños y mujeres (70% del total de decesos), ataques a refugios, centros médicos, escuelas y hospitales, así como bloqueos de la ayuda humanitaria, etcétera, la acusación sudafricana denuncia que Israel ha bombardeado el resto del sistema civil de Gaza: palacio de Justicia, complejo legislativo, archivo central (con documentos de hasta un siglo de antigüedad), la principal biblioteca pública, así como las cuatro universidades. Se estima que el 60% de los edificios de Gaza están en ruinas. ¿Hasta dónde van a seguir?

Construcción de una narrativa integrista israelí. “Desde octubre de 2023 existen pruebas significativas y manifiestas de la intención específica (‘dolus specialis’) del Estado israelí, expresada en acciones de numerosos funcionarios para cometer y persistir en la comisión de actos genocidas, o de no impedirlos”. Así de tajante lo señala el documento de Sudáfrica. Junto a los actos genocidas recogidos en el informe vale la pena recordar algunos llamamientos al exterminio por parte de líderes políticos, militares y culturales, que de hecho anuncian o confirman la comisión intencionada de los mencionados crímenes. Sólo unos pocos extractos:

– El primer ministro Netanyahu encabeza las declaraciones con repetidas referencias a la historia bíblica sobre la destrucción total de los amalecitas. Un pasaje bíblico afirma: “Vayan y ataquen a los amalecitas y proscriban todo lo que les pertenece. No perdonen a nadie. Mátenlos a todos, hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos”.

– Del mismo modo hace referencia al anuncio del asedio el ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien para referirse a los gazatíes usa la expresión “animales humanos”.

– Amichai Eliyahu, ministro delegado, consideró la opción de “tirar una bomba atómica" sobre Gaza.

– A Galit Distel Atbaryan, ex ministra de Diplomacia Pública, le parece comprensible que el ejército se conduzca “de manera vengativa y cruel tras la dimensión del ataque de Hamás”. Y agrega: “Sólo hay una manera de curar el cáncer: eliminar todas las células cancerosas”.

Todo indica que el establishment israelí ha decidido enrocarse en posiciones que un número creciente de observadores internacionales considera inaceptables. El régimen se pronuncia unánime, lo que merece comentarios.

Cabe hacer notar la polarización amigo-enemigo que preside los análisis oficiales, mueve la maquinaria de propaganda del gobierno y dicta las consignas de la acción militar: el régimen israelí ha revivido y asimilado de lleno las tesis del jurista nacional-socialista alemán Karl Schmitt. Al ver a Israel usando las mismas armas que los judíos padecieron bajo gobiernos autoritarios, parece reproducirse la amarga paradoja que en tiempos analizó Albert Memmi: el colonizado pinta su retrato como caricatura involuntaria del retrato del colonizador.

Importa traer a colación otro asunto del que no se habla: el relajamiento de la política de porte de armas en manos de civiles por parte de Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad, así como el simultáneo crecimiento del fenómeno de los “Jóvenes de la colina”, colonos ultras equipados con armas de guerra con las que hostigan, con y sin motivos, a la población palestina aledaña a sus asentamientos. El Observatorio Yesh Din (OYD) registra que, desde el 7 de octubre, los colonos han intensificado sus ataques contra los palestinos en Cisjordania. En 2023 hubo 242 casos de agresiones, fuego a viviendas, coches y más. Ha sido el año “más violento” desde 2006, concluye OYD.

¿Estamos ante la reaparición del terrorismo cívico-militar judío de hace cincuenta años?

Israel asediado en el plano internacional y local. Aunque suele criticar a los tribunales internacionales por tendenciosos, esta vez Israel ha decidido defenderse en la CIJ y no boicotear el proceso, indicio de la preocupación que cunde entre los actuales gobernantes, inquietos por la creciente cobertura internacional del conflicto. Siendo parte en el caso, Israel tiene derecho a enviar a uno de los 15 jueces que decidirán sobre el caso de genocidio. La participación oficial del Estado israelí en el caso judicial le hará más difícil ignorar las medidas cautelares, si es que el alto tribunal decide imponerlas. Israel puede no cumplirlas inmediatamente. Pero no acatar medidas dictadas por la CIJ socavaría sus afirmaciones de acatamiento del derecho internacional. Incluso provisionales, las medidas ayudarían a movilizar a la opinión pública de todo el mundo contra una guerra considerada cruel y vengativa; alimentarían campañas para exigir responsabilidades al gobierno de Israel y servirían de catalizador para empujar a organizaciones regionales, o incluso a países, a adoptar medidas para que el Estado de Israel detenga o al menos atenúe sus planes de aniquilación de Gaza. Ese conjunto de factores agregaría presión al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), obligando a que avance con mayor celeridad su investigación.

El convenio sobre genocidio, del que Israel es firmante, establece que las controversias entre miembros (en este caso, Sudáfrica e Israel) sean sometidas a la CIJ. En el caso de la CPI, aunque Israel no firmó el tratado que lo rige, este tribunal mantiene competencia en el asunto: Palestina es Estado miembro y solicitó abrir una investigación. De hecho, en 2021 se abrió una investigación para estudiar posibles crímenes cometidos desde 2014 por israelíes o por palestinos. Netanyahu calificó la apertura del caso de “puro antisemitismo y colmo de la hipocresía”.

Las dificultades internacionales no hacen más que incrementar las que resultan cada vez más claras en el frente interno. Según una encuesta publicada el viernes 11 de enero por el diario Maariv, un 63% de la población desea elecciones anticipadas. Se estima que no las ganaría Netanyahu sino Benny Gantz, quien fue parte de la oposición hasta incorporarse en octubre al gobierno de concentración formado ex profeso para encarar la guerra. “No nos une el amor sino el espanto”: el actual gobierno de guerra israelí bien podría hacer suyo este verso de Jorge Luis Borges.

Escollos de la acusación presentada por Sudáfrica. Al igual que cualquier otra querella, esta surge en un contexto político en el que cada parte pleitea al mismo tiempo con su fuerza militar y con su propia lógica argumental. Se puede anticipar que la iniciativa de Sudáfrica encontrará dos tipos de dificultades para avanzar, luego de la presentación de la vista que acaba de tener lugar:

– Intencionalidad del querellante. Diversas reacciones se preguntan qué razones movieron a Sudáfrica a asumir este protagonismo y a incurrir en tales riesgos en el debate internacional, dándose además el caso de habitar en Sudáfrica la comunidad judía más importante de África. Los observadores mencionan cuatro posibles: la intención de mostrar paralelismos en materia de apartheid entre la Sudáfrica colonial y el Israel sionista del Likud; una simpatía por la “causa palestina” suscitada desde antiguo en Sudáfrica por las posiciones de Nelson Mandela; las necesidades coyunturales de la estrategia electoral del Consejo Nacional Africano, necesitada de reverdecer el sentido reivindicativo de sus votantes; y, en no menor grado, la voluntad de alzar la voz en la escena internacional como miembro prominente del grupo BRICS. Estas motivaciones son legítimas, y Sudáfrica no intenta eludirlas o esconderlas. Pero contribuyen a alimentar la sospecha de que el CIJ actúa como caja de resonancia de una trama urdida por los palestinos en complicidad con sus aliados, como en este momento las muy discutidas milicias de Hezbollah y hutíes, sin olvidar a gobiernos alineados desde siempre con el “eje de resistencia palestina”. Se prevén abundantes análisis criticando la falta de objetividad de la querella y el intento de manipular la justicia por parte de Hamás y, detrás del cortinado como actor oculto pero activo, por parte de Irán. De otra parte, Israel no dejará de utilizar opiniones de los propios palestinos. Por ejemplo, la del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas (PCPSR), que en diciembre publicó los resultados de un sondeo —cientos de entrevistas en la franja durante el alto el fuego de noviembre— indicando que el 48% de los gazatíes no apoya a Hamas. Ni siquiera en situación de guerra.

– Carátula de la acusación. No queda claro que “genocidio” sea el término más conducente para definir lo que ocurre. Con tiempo, los juristas de la CIJ dirán de qué se trata en su opinión. Pero ¿qué delitos Sudáfrica está solicitando realmente que se juzguen? ¿Son crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad? ¿Se trata de una masacre masiva orquestada mediante políticas sistemáticas? ¿No era suficiente centrar la acusación en el anexionismo territorial, el supremacismo étnico, la sistemática destrucción, la extensa mortandad y la voluntad demostrada de continuar la guerra hasta ultimar al adversario? Sea como fuere, con cualquier tipificación con que se haya presentado la querella, la situación en Gaza reviste suma gravedad y extrema urgencia. Se observa que Sudáfrica ha organizado su demanda buscando medidas cautelares lo más rápidas posibles. Con el tiempo se verá si, más allá de la urgencia pacificadora de los proponentes, era ese el camino a tomar o si no contribuye a empantanar la iniciativa, posponiendo sine die sus efectos.

Se internacionaliza el debate sobre Palestina. Como la piedra caída en un estanque provoca ondas expansivas de dentro hacia fuera, el actual choque armado revela sus verdaderas dimensiones. Del campo de batalla en Gaza tiende a extenderse militarmente por la vasta zona del Próximo y Medio Oriente —Líbano, Siria, Jordania, Yemen, Egipto… Irán—, a punto tal de temerse el estallido de un conflicto generalizado. A fin de cortar la espiral de guerra, Sudáfrica inaugura un nuevo escenario, en La Haya: inicia una dinámica donde la voz de las armas pide ser completada con la de la CIJ y (negociando los resultados de una justicia que de antemano se supone relativa y/o condicionada) con la de la diplomacia, en pleno auge viajero. De modo que asoma un tercer escenario, esta vez a escala universal: los posicionamientos en torno a argumentos y narrativas capaces que buscan establecer un tipo de unanimidad: la de un pensamiento que explica qué pasó y por qué, y así evitar o contener que se repita. Es en este nuevo escenario donde podemos situar y valorar las tomas de posición que se suceden fuera de Israel.

Tanto en Estados Unidos como en diferentes países de Europa vamos leyendo cartas y artículos publicados por intelectuales, científicos, personalidades del mundo de la cultura, pensadores en su mayoría de origen judío. Muchos se oponen a las acciones del gobierno sionista conservador de Netanyahu. Denuncian que, en su insistencia al afirmar que todo el que se opone a esta “guerra defensiva” es antisemita, el gobierno de Israel olvida que dicho Estado no representa, ni ha representado nunca, a los judíos progresistas que viven en otros países. Acusar de traidores a judíos por posicionarse en contra del Estado de Israel equivale a acusar a todos los alemanes de haber sido nazis o a todos los españoles de franquistas.

En la otra punta del dial ideológico, hay quienes manifiestan su apoyo a la política violenta y expansionista de Netanyahu: se trata de gobiernos o partidos de ultraderecha. No deja de sorprender que mientras el sionismo reaccionario (el de Israel y los lobbies judíos de Estados Unidos, Francia o Alemania, con múltiples voceros y fuerte influencia en sus gobiernos) acusa a los judíos no sionistas de traidores, el actual régimen de Israel estrecha lazos con la ultraderecha europea y con el continente americano del norte y del sur.

En este momento asistimos a un intolerable oportunismo: reconocidos negacionistas del Holocausto, ultranacionalistas étnicos, de probado ADN antisemita, de pronto se convierten en defensores acérrimos de un Estado que, sin dejar de masacrar al enemigo étnico de siempre, argumenta estar en peligro de convertirse en víctima de una nueva Shoá. Todos podemos leer las declaraciones de Marie Le Pen (Agrupación Nacional, Francia), Viktor Orbán (ex primer ministro de Hungría) o Santiago Abascal (Vox, España), así como de los partidos de la derecha de Alemania, España, etcétera. El ahora presidente argentino Javier Milei visitó antes de las elecciones al gobierno de Israel…

La lucha continúa en los distintos frentes mencionados. Del movimiento de unos y otros irá brotando cierta luz que nos ayude a salir un día de este embrollo.